domingo, 18 de enero de 2009

Existe una vieja reprochable práctica legislativa, tanto en la Nación como en las Provincias, de aprovechar el fin de año, o el fin del período legislativo, para aprobar numerosas leyes, sin mayor análisis o estudio.

Son esos paquetes donde se filtran privilegios y ventajas cercanas a la corrupción, junto con proyectos intrascendentes que sólo se explican para que algún legislador pueda decir que algo hizo. En la historia legislativa del país sobran ejemplos de lo que decimos, aunque las viejas mañas persisten por más que todos sepan que no le hacen bien a las instituciones. En este principio de año, en nuestra Legislatura se ha repetido esta historia.

Al respecto, la Ley de Presupuesto y la Ley Impositiva han tenido un tratamiento rápido, sin mayor discusión. Ha quedado pendiente un debate más exhaustivo de las implicancias económicas y sociales, de los dos instrumentos más importantes de la política económica provincial.

Pero así como cuestionamos el caso anterior, es deber destacar la actitud de los bloques de la oposición frente a dos importantes proyectos de ley enviados por el Poder Ejecutivo, con el pedido de que fueran aprobados de inmediato. La actitud no fue de rechazo sino que ambos proyectos siguieran el trámite parlamentario normal.

Los dos proyectos en cuestión revisten especial significación, porque afectan el modo y la cuantía del uso de los fondos públicos.

Uno de ellos, el que ha generado mayor discusión y rechazo, es el pedido del Poder Ejecutivo para que la Legislatura lo autorizara a contratar en forma directa, obviando el procedimiento de la licitación pública, obras por un monto de hasta 7 millones de pesos, cada una. El requisito de la licitación pública para la contratación de obras, servicios o adquisición de bienes por el Estado, tiene un sólido arraigo en el derecho administrativo y constitucional.

En nuestro país, sus antecedentes se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando el Gobierno Nacional, mediante las leyes de contabilidad y de obras públicas, estableció este procedimiento de contratación. También en nuestra provincia, a fines de dicho siglo, se había introducido ese principio en las prácticas administrativas.

Debemos agregar, en este caso, que Mendoza ha tenido por muchas décadas una tradición de respetabilidad de los procesos licitatorios, poco frecuente en otras provincias. Lo cual no implica aceptar o reconocer que la totalidad de las licitaciones son irreprochables.

Sea como fuere, el procedimiento de la licitación pública permite seleccionar a los oferentes sobre la base de la previa justificación de idoneidad ética, técnica y financiera. Garantiza la igualdad de oportunidades de los interesados y la transparencia de los procesos. Cuando se cumplen correctamente los pasos de la licitación pública, debe concluir con la adjudicación a una empresa idónea, responsable y el precio a pagar por el Estado será el más conveniente.

Justamente para garantizar que las empresas cumplan los requisitos antes mencionados, la legislación provincial ha creado el Registro de Antecedentes de los Contratistas de Obras Públicas, Racop. Este registro es administrado por un Consejo integrado por representantes de la Provincia, de empresas de la construcción y profesionales a ella vinculados. Es en ese ámbito donde se evalúa la capacidad de contratación de las empresas que se registran.

Los argumentos del PE para solicitar la excepción a la licitación se centran en que la crisis obliga a tomar decisiones con rapidez y que la licitación tiene plazos muy largos. La oposición señaló que los plazos podían acortarse, pero obviar la licitación no era aceptable por la pérdida de transparencia en el uso de los recursos.

Cabe agregar que no será la rapidez con que se asignen los limitados recursos lo que evitará los efectos de las crisis, sino el acierto en que esos recursos se apliquen; sobre este punto valdría discutir, especialmente en lo referido a las obras públicas.

El otro proyecto no tratado establecía una serie de estímulos fiscales para la creación de nuevos empleos y preservación de los existentes. Se ha observado que el proyecto no contenía precisiones en cuanto al monto de los recursos a emplear, de dónde provendrían y la posibilidad de que se dieran situaciones de desigualdad de trato fiscal entre empresas. La oposición ha expresado que el proyecto necesita un análisis más acabado.

Es explicable la preocupación del PE por encontrar instrumentos que permitan atenuar los efectos de una recesión económica que ya comienza a percibirse en la provincia.

Frente a un problema, cuyos alcances nadie puede vaticinar, una buena política aconseja realizar estudios técnicos acordes a los problemas a enfrentar, consultas y discusiones con quienes pueden aportar experiencia y conocimiento, evitar la improvisación y el repentismo al que somos afectos. Activismo no es siempre indicador de buen gobierno. No es cuestión que el ruido oculte que hay pocas nueces.