En 2009 la consultora Inés Pousadela desarrolló una investigación para ICD acerca de los perfiles predominantes en las —hasta ese momento— 178 iniciativas presentadas a Fontra para su financiación. La investigación dio cuenta, así, de cuáles son las demandas y enfoques predominantes entre las organizaciones de la sociedad civil de en los diferentes países de la región (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay) respecto de esta temática. Como se advertirá a continuación, si bien hay notas comunes, las particularidades de cada cultura nacional pesan a la hora de poner los énfasis.

La investigación de Pousadela comienza analizando los títulos de los proyectos presentados. Y en tal sentido, como nota común a las iniciativas provenientes de todos los países, hay una notoria prevalencia del tema “transparencia”. Empero, a partir de allí cominezan las diferencias de énfasis. A ese respecto, vale la pena reproducir uno de los cuadros del estudio:

Nota: La suma de las cifras de las columnas excede la cantidad de proyectos de cada país porque muchos de los títulos de los proyectos aluden a más de un tema. Dado que la cantidad de entradas en cada casillero depende, entre otras cosas, de la cantidad de alusiones contenidas en cada título, lo que cuenta no son las cifras absolutas sino las proporciones entre ellas.

Como se advierte, en el caso de los proyectos de Argentina, las menciones a la transparencia superan a la suma de las de los dos temas que le siguen en importancia numérica, la corrupción y el acceso a la información,  que son citados en proporciones iguales. Otros temas, como participación, rendición de cuentas, auditoría social, monitoreo, responsabilidad social empresarial, ética y presupuesto participativo, aparecen mencionados en proporciones muy inferiores

En el caso de los proyectos de Bolivia, la temática de la transparencia es seguida de cerca por la del control social y, en tercer lugar, la de la información pública. También hay menciones a la fiscalización o al monitoreo, aunque en menor proporción a la corrupción, la rendición de cuentas o la ética pública. Y ninguno de los proyectos alude al presupuesto participativo o a otras herramientas de participación, ni a la responsabilidad social empresarial.

En las iniciativas provenientes de Brasil, además de la transparencia, se mencionan el monitorieo y el control ciudadano, seguidos —bastante de atrás— por el tema corrupción. Unos poquitos aluden a la probidad pública, la participación y el presupuesto participativo, y la accountability. Y ninguno hace referencia a la responsabilidad social empresarial.

En lo que refiere a la propuestas de Chile, la alusión es aún más abrumadora que en el caso de los proyectos argentinos, relegando el control social; la fiscalización, la rendición de cuentas y el acceso a la información; las herramientas participativas en general; el presupuesto participativo y la anticorrupción. Y no hay mención a la ética, aunque sí a la responsabilidad social empresarial

Las iniciativas provenientes de Paraguay también se concentran abrumadoramente en la transparencia. Las referencias que le siguen en importancia, pero así y todo son escasas, son la ética y al derecho a la información. Y aún más escasas las menciones al control social y la rendición de cuentas; y a la corrupción, la fiscalización y las herramientas participativas.

Los proyectos de Uruguay, por último, aluden más, tras el tema de la transparencia, a los de la corrupción y el acceso a la información pública, seguidos del de la accountability y los de la auditoría social y la probidad pública. No hay alusionea a la responsabilidad social empresarial ni al presupuesto participativo u otras herramientas de participación; tampoco se hace referencia a actividades de fiscalización o monitoreo que formarían parte de los objetivos de los proyectos.

En cuanto a qué es lo que se aspira a transparentar (como señalamos más arriba, la transparencia es la nota común a las iniciativas de todos los países de la región), se destacan las menciones a los gobiernos locales y, en especial, a la ejecución presupuestal en ese nivel de gobierno.

Ese panorama permite reflexionar en torno a cuáles son las preocupaciones —y problemas— de mayor relevancia para las sociedades civiles de la región, así como también acerca de cuáles son sus aspiraciones en materia de calidad cívica.